La nueva junta, que mantiene a su presidente, lanza un plan estratégico para ampliar la base social
El nuevo plan estratégico impulsado desde Societat Civil Catalana pretende convertir a la entidad en «la voz del constitucionalismo catalán para evitar que se nos invisibilice y margine en las transacciones entre élites» Por eso, la intención es conseguir ampliar la base social a 100.000 personas y recuperar una nueva sede desde la que lanzar sus objetivos como «reforzar la conciencia del constitucionalismo catalán como sujeto político, con reivindicaciones propias, voluntad de ser escuchado y capacidad de movilización si es necesario». De esta forma se ha impulsado la Mesa Cívica de entidades constitucionalistas.
Además, la entidad quiere movilizarse activamente para que el independentismo «no sea nunca la única voz, ni el único relato simbólico en el espacio público, reforzando la visibilidad de SCC y de los símbolos de la unión en las calles, en las instituciones y en los espacios públicos de toda Cataluña, particularmente en el interior» y «representar a la Cataluña real frente a la Cataluña imaginada por el ‘establishment’ nacionalista». De esta forma se quiere reivindicar el espíritu de las movilizaciones del 8 de octubre de 2017 cuando más de un millón de catalanes protestaron en Barcelona contra el proceso independentista.
Así, la entidad apuesta por «dar a conocer y situar en la agenda pública el Decálogo de reivindicaciones constitucionalistas e insistir sobre la necesidad de que sean tenidas en cuenta en cualquier negociación política que afecte a Cataluña» con propuestas como «neutralidad ideológica de la Administración y descolonización de los espacios públicos, gran acuerdo lingüístico en la escuela que respete nuestra realidad bilingüe y las sentencias judiciales, despolitzación de los mandos de los Mossos y de los medios públicos de comunicación, consolidación del Área Metropolitana de Barcelona como sujeto político y económico singular, vuelta de las empresas catalanas y de los exiliados por culpa del ‘procés’, aprobación de una ley electoral catalana justa y equilibrada o declaración de Cataluña como destino de especial singularidad», entre otras.