El Tribunal Supremo reactivará en mayo el estudio del dictamen sobre los líderes independentistas presos por sedición. Según confirman fuentes del Alto Tribunal a La Vanguardia, en cuanto pasen las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo se iniciará el estudio de los informes remitidos por las partes para decidir si el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros ocho condenados por sedición deben obtener la medida de gracia y ser excarcelados.
Estas mismas fuentes explican que la previsión es que antes de que acabe mayo el dictamen pueda estar en la mesa del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Será entonces cuando su departamento entregue una propuesta al Consejo de Ministros. El informe del Supremo no es vinculante y, por tanto, el Gobierno podría informar a favor del indulto, a pesar de que el esperado pronunciamiento del Alto Tribunal fuese contrario a esa medida.
Una vez que el Supremo entregue su dictamen quedará en manos del Ejecutivo decidir en qué momento y en qué circunstancias toma una decisión que no puede ser ajena a las posiciones que por su parte mantengan los partidos independentistas en Catalunya. Por ahora, habrá que esperar a ver cómo se resuelve el 4-M en Madrid y cómo se configura el Gobierno regional. El resultado de los comicios madrileñas pueden provocar un adelanto electoral en Andalucía que complicaría aún más la resolución de los indultos que el gobierno situaba hasta hace poco para el verano.
Desde el entorno de los líderes independentistas dan por hecho de que el dictamen de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que preside Manuel Marchena, será contrario al indulto propuesto. La principal razón es que el tribunal de enjuiciamiento ha rechazado todas las pretensiones de los condenados de obtener la libertad antes de tiempo. Los magistrados tumbaron la aplicación del artículo 100.2 del régimen penitenciario a través del cual los presos habían logrado salir a diario para hacer determinadas labores. Además han rechazado que se les conceda el tercer grado penitenciario por parte de la Generalitat –que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria–.